El problema del hipoclorito o cloro liquido

Seis de las diez plantas que producen cloro en España deberán echar el cierre dentro de una semana, el próximo 11 de diciembre, al no haberse adaptado a las normas medioambientales dictadas por la Unión Europea. De las seis plantas afectadas dos pertenecen a Ercros, en Flix y Vilaseca (Tarragona), y las otras cuatro son las de Electroquímica Onubense, en Palos de la Frontera, Electroquímica del Noroeste (Elnosa) en Pontevedra, la de la británica Inovyn en Martorell (Barcelona) y la de la belga Solvay en Torrelavega.

Ercros y Elnosa ya han anunciado estos días expedientes de regulación de empleo para afrontar esta situación. Inovyn ha asegurado que de momento parará la producción en diciembre y busca inversiones para continuar más adelante, mientras que Solvay también ha anunciado despidos y parará la producción en diciembre, pero ya ha informado de una nueva inversión para adaptarse a la normativa europea y espera volver a reabrir en 2019.

Y es que el 11 de diciembre de 2017 entra en vigor una normativa de la Unión Europea que obliga a cerrar por motivos medioambientales aquellas plantas que no hayan cambiado el sistema de producción de cloro actual, basado en la tecnología de mercurio, a otro menos contaminante, la tecnología llamada de membrana.

Otras cuatro plantas de cloro situadas en España, las de Química del Cinca en Monzón, Ercros en Sabiñánigo, Electroquímica de Hernani en la localidad guipuzcoana y otra fábrica de Ercros en Vilaseca, sí han llevado a cabo en los últimos años esta transformación. Además, la planta de Electroquímica Onubense en Palos de la Frontera anunció en mayo su reconversión para adaptarse a las normas ambientales y espera estar lista para su apertura la próxima semana. También Ercros ha ampliado la capacidad de sus plantas de membrana en Sabiñánigo y Vilaseca.

Según los cálculos de elEconomista, la inversión necesaria para haber convertido las seis plantas de cloro a las normativas s de la UE alcanzaban en su conjunto los 700 millones de euros. En su día, el sindicato CCOO reclamó al Gobierno aprobar una moratoria para las empresas que se comprometieran a llevar a cabo la transformación, aunque esta medida podría acarrear sanciones de la Comisión Europea.

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